Uno de los objetivos del recién formado Gobierno en materia tributaria es el de la denominada fiscalidad ambiental. Nuestro presidente, Miguel Ángel Garrido publica una tribuna en Expansión a costa de esta cuestión.
Según señala, los partidos que apoyan el Gobierno se han comprometido a “promover una nueva fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medio ambiente”. Y éste desiderátum se complementa indicando que “evitarán siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y pymes”.
Precisamente, ésa ha sido la clave de la dirección de nuestra política en materia de fiscalidad ambiental: que fuera inocua para el consumidor –y que por tanto no tuviera coste electoral-, a la par que se cumplían las exigencias que llegaban desde la UE o la OCDE.
El resultado final: una maraña de tributos de carácter ambiental implantados por todos los poderes territoriales con una capacidad recaudatoria pírrica. Y es que el coste de estos impuestos ambientales es muy relevante para los pocos contribuyentes sobre los que recae, pero irrelevante en la cesta de tributos de nuestro país.
Como bien señalara la Agencia Europea del Medio Ambiente ya en 2008, una correcta implantación de la fiscalidad ambiental es la que consigue una modificación de los comportamientos tanto de los productores como de los consumidores respecto al uso de los recursos más contaminantes -la fiscalidad influye en los comportamientos-; otra cosa, no será más que otro instrumento recaudatorio.
Por tanto, el primer paso para superar la falta de estrategia comprometida con el medio ambiente actual sería el establecimiento de un marco estatal de fiscalidad ambiental que hiciera tabla rasa con los tributos actualmente establecidos; donde los objetivos de la política fiscal medioambiental fueran conocidos por todos los operadores económicos –incluidos los consumidores-, y todo ello guiado por un objetivo de eficacia: conseguir la desaparición de las actividades nocivas para el medio ambiente.
Así las cosas, estos instrumentos de política fiscal tendrían una capacidad recaudatoria elevada a corto plazo, que debería desaparecer una vez que se consiguiera el objetivo fijado-, lo que demostraría que lo diseñado habría sido una imposición ambiental y no una nueva figura recaudatoria encubierta.