Nuestro presidente Miguel Ángel Garrido Riosalido analiza en su tribuna mensual para la Revista Buen Gobierno, Iuris&lex y RSC que publica El economista, la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre la caducidad del procedimiento de tasación pericial contradictoria.

Toda una declaración de derechos sobre un procedimiento que materializa el derecho del contribuyente a cuestionar la valoración hecha por la Administración que afecta a sus legítimos intereses en el que, como en cualquier otro procedimiento, el contribuyente debe tener asegurados sus derechos, entre ellos que la Administración resuelva y lo haga en el plazo legalmente establecido al efecto.

En consecuencia, señala el Alto Tribunal y destaca el autor, el procedimiento de tasación pericial contradictoria que se inserta dentro de un procedimiento de gestión o de inspección tributaria suspende la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación contra la misma, y las dilaciones que se produzcan durante su tramitación tienen consecuencias negativas más allá del devengo de intereses.

En efecto, la consecuencia automática derivada de la inactividad administrativa más allá del plazo de seis meses es la reposición del derecho del contribuyente, no derivándole consecuencias negativas de la incorrecta actuación administrativa. Debe procederse por tanto al levantamiento de la suspensión del procedimiento administrativo principal, de suerte que continuará corriendo el plazo para finalizar el mismo.

 

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