El Alto Tribunal determinará si la base de la sanción es la cantidad dejada de ingresar por la persona física o, la diferencia entre ésta y la suma ingresada por la sociedad vinculada respecto de la renta en cuestión

El Tribunal Supremo se pronunciará próximamente sobre cuál debe ser la base de cálculo de la sanción tributaria por dejar de ingresar –ex art. 191 Ley 58/2003 (LGT)- en los supuestos de regularización de operaciones vinculadas en las que, por diferencias en la valoración de tales operaciones, se imputan al contribuyente persona física rentas que ya fueron declaradas por la sociedad vinculada; en concreto, si la cantidad dejada de ingresar por la persona física o, por el contrario, la diferencia entre esta cantidad y la suma ingresada por la sociedad vinculada respecto de las mismas rentas.

Como se pone de manifiesto en el auto, la cuestión ha sido resuelta de forma contradictoria por los tribunales.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla “sin ese ajuste bilateral, no es posible fijar la efectiva falta de ingreso, elemento esencial del tipo, del que además depende el importe de la sanción” -sentencia de 18 de enero de 2002-. Y para su sede en Málaga “La culpabilidad ha de estar tan demostrada …, y esa prueba ha de extenderse no sólo a los hechos determinantes de la responsabilidad sino también, en su caso, a los que cualifiquen o agraven la infracción” -sentencia de 17 de octubre de 2016-.

Sin embargo, en la sentencia recurrida, la Audiencia Nacional sostuvo que “dicho argumento no tiene amparo legal, pues ni el artículo 191 LGT ni la normativa de desarrollo de la potestad sancionadora tributaria (RD 2063/2004, de 15 de octubre) contempla que pudiera haber un descuento o minoración de la base de la sanción en los términos planteados. Y es que la sanción se impone por las cantidades dejadas de ingresar en la autoliquidación del IRPF de la persona física (artículo 191.1º último inciso,) que, de manera indebida, se habían declarado como ingreso de la persona jurídica; o, en palabras del artículo 8.1º RD 2063/2004, el importe de la cantidad a ingresar «resultante de la regularización practicada«”.

Huelga señalar que la cuestión afecta a un gran número de situaciones, por lo que el Tribunal ha admitido a trámite el recurso al concurrir el interés casacional objetivo que es requisito de obligada concurrencia.

Quedamos a la espera, por tanto, de la aplicación que de los principios de proporcionalidad, íntegra regularización y buena administración debe hacerse a esta concreta situación.

 

(Auto Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 1ª, de 22 de junio de 2022, recurso n.º 8550/2021)

 

Departamento de Documentación de Garrido