Tradicionalmente, la Administración tributaria ha limitado la aplicación de la exención por trabajos efectivamente realizados en el extranjero a los denominados como ‘rendimientos del trabajo personal por naturaleza’, es decir, a los tipificados en el apartado 1 del artículo 17 de la Ley del Impuesto, dejando fuera del ámbito de la exención a los rendimientos que no derivan propiamente de una relación laboral dependiente y que están tipificados en el apartado 2 del artículo 17 de la Ley del Impuesto.

Sin embargo, la jurisprudencia ha ido matizando en un sentido diferente la interpretación que ha de darse a ese artículo.

Primero fue la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2019 la que extendió su aplicación a los funcionarios destacados en el extranjero, fijando jurisprudencia al respecto, y ahora la Audiencia Nacional, en su recién publicada sentencia de 19 de febrero de 2020, abre una nueva fisura en el planteamiento de la Administración al considerar que la exención es aplicable a los administradores y miembros de consejos de administración, si bien el pronunciamiento cuenta con el voto disidente de uno de sus magistrados que, como nuestro Presidente Miguel Ángel Garrido señala en el artículo que publica al efecto en El economista, es el anuncio casi seguro de un recurso de casación por parte de la Abogacía del Estado.

La aplicabilidad de la exención es sostenida por la Audiencia Nacional incluso teniendo en cuenta el carácter mercantil de las retribuciones de los administradores, aprovechando que la Ley del IRPF las califica como rendimientos de trabajo desde el punto de vista fiscal.  Por otro lado, con ella se abre la puerta a la exención a los trabajos de supervisión o coordinación, propios del perfil y carga de trabajo normalmente atribuida a este tipo de contribuyentes.

En definitiva, un pronunciamiento fundamental de manos de Miguel Ángel Garrido que, aunque todavía pueda plantear batalla legal, permite una nueva toma de posición en la gestión de esta situación tributaria.

 

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