Acotado el plazo para volver a liquidar la comprobación de valores

    14 febrero 2018

    Miguel Ángel Garrido Riosalido, socio director de Garrido Abogados, comenta en su columna mensual en Iuris & Lex, la revista jurídica de El Economista, la sentencia del Tribunal Supremo, de 31 de octubre de 2017, dictada en el Recurso 572/2017, en relación con el plazo del que dispone la Administración para dictar las segundas liquidaciones en procedimientos de  comprobación de valores, cuestión que ha planteado una gran litigiosidad.

    La conclusión a la que llega el Tribunal Supremo es que cuando se anula en vía económico administrativa una liquidación que trae causa de una comprobación de valores por falta de motivación, habiéndose acordado por el órgano económico administrativo correspondiente una retroacción de actuaciones para que se practique una nueva comprobación de valores y tras ello una nueva liquidación, el plazo para finalizar las nuevas actuaciones no es el plazo de un mes que se recoge en el artículo 66.2 del Reglamento General de Revisión en vía administrativa.

    Si nos encontramos ante procedimientos tributarios de gestión, el tiempo en el que debe ser dictada la nueva resolución una vez que se haya acordado la retroacción se debe regir por el plazo regulado en el artículo 104.1 LGT y no por el artículo 150 LGT.

    Ello supone que la Administración tributaria debe tramitar el procedimiento retrotraído y notificar una resolución que contenga la nueva liquidación al interesado en el plazo que reste desde que se realizó la actuación procedimental causante de la indefensión del interesado y que fue la que determinó la anulación del acto administrativo que puso fin al procedimiento.

    Normalmente se fijará tal plazo en la fecha en la que se haya dado traslado de la valoración falta de motivación al contribuyente lo que sucede al tiempo de notificarse la propuesta de liquidación.

    El reloj se vuelve a poner en marcha con ese plazo transcurrido desde el día siguiente a aquel en que se comunica la resolución anulatoria con retroacción de actuaciones al órgano competente para llevarla a puro y debido efecto, debiendo estarse en cuanto a la finalización del plazo a las reglas generales recogidas en el artículo 104 LGT.

    El Tribunal Supremo establece férreos plazos que obligarán a las oficinas tributarias a tramitar con celeridad las ejecuciones de resoluciones si pretenden volver a tramitar el procedimiento de comprobación de valores ya que en otro caso les habrá caducado la instancia y sólo podrán limitarse a anular las liquidaciones y devolver, en su caso, las cantidades indebidamente cobradas.

    De paso, los contribuyentes verán reforzada su seguridad jurídica frente a la situación actual en la que tras la resolución económico administrativa tienen que esperar durante meses una posible nueva comprobación viendo que su pleito vuelve a cobrar vida, cuando ya esperaban que estuviera finiquitado por la resolución estimatoria en Primera Instancia y el transcurso del tiempo.

    En definitiva, la sentencia del Tribunal Supremo supone una importante aclaración en este tipo de pleitos al establecer un límite a la extensión de la doctrina del doble y triple tiro de la Administración que en materia de comprobación de valores está provocando que se alarguen los pleitos sine die.

    Miguel Ángel Garrido. Iuris-Lex

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